Foro celebrado en Bogotá pide decir “basta ya” al conflicto en el país

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Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de ese país celebraron esta semana en Bogotá el foro titulado «Fin del conflicto y refrendación, implementación y verificación».

El evento fue una solicitud lanzada por la Mesa de conversaciones entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y produjo una serie de recomendaciones de diversos sectores sociales que la Mesa estudiará.

El documento detalla propuestas para acabar con el conflicto, incluyendo el cese al fuego bilateral y definitivo, el abandono de las armas, la reintegración a la vida civil de los combatientes y el tratamiento para los prisioneros de las FARC.

Otras proposiciones versaron sobre las herramientas más eficaces en materia de refrendación, implementación y verificación.
El sacerdote jesuita Francisco de Roux participó en el cierre del Foro lanzando un mensaje de esperanza para la resolución del conflicto en el país.

“Ha sido tan fuerte el impacto humano de constatar que cada vez es más grande la multitud de todas y todos los que desde los rincones del país estamos en este empeño. Que sentimos cada vez más la seguridad de que nada ni nadie podrá detener esta fuerza de un pueblo que quiere la paz.”, señaló De Roux.

El 26 de agosto del 2012 se firmó en La Habana el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP.

Es interesante el testimonio de uno de los participantes en el Foro. El señor Antonio Madariaga Reales, Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía nos dice:

El último de los Foros solicitados por la Mesa de La Habana a la Universidad Nacional y a las Naciones Unidas, transcurrió en un ambiente tranquilo, casi relajado, bastante distante de la tensión experimentada en el Foro de Cali, donde hasta intentos de agresiones físicas se registraron.

Lo anterior no significa que no hubiera vehemencia en algunas de las intervenciones, ni que no se presentaran controversias. Lo que significa es que en esta ocasión un consenso básico dominaba la escena. Quienes ahí estábamos representábamos en general el compromiso con el éxito del proceso de La Habana y la certeza que este arribará a buen puerto de manera relativamente pronta.

Quisiera registrar tres elementos que a nuestro modo de ver son asuntos de la mayor trascendencia tanto en la lógica del fin del conflicto, como en el postacuerdo y es el tema de la participación de la sociedad el primero de ellos.

Se expresó tanto en forma de reclamo, por parte de algunas poblaciones que se han sentido excluidas a pesar de considerarse proporcionalmente con los mayores grados de afectación y me estoy refiriendo a las poblaciones afros, negras palenqueras y raizales de un lado y los indígenas de otro, pero también en el contenido de una buena parte de las intervenciones y propuestas. Es en sus territorios donde se ha desarrollado una buena parte del conflicto armado, son muchas las víctimas que han puesto y consideran que la mesa de La Habana debió haber habilitado un mecanismo especial para la interlocución con ellas.

Pero también avizoran, las etnias, a partir de esa circunstancia, posibles conflictos a futuro que van desde las condiciones de diálogo necesarias para establecer posibles zonas de concentración en sus territorios, hasta el traslape de zonas de reserva campesina o territorios de paz con sus territorios ancestrales colectivos. O desde las condiciones de dejación de armas, (de todo tipo incluidas minas, tatucos, cazabobos, morteros, explosivos, etc.), hasta la relaciones entre la justicia indígena y la jurisdicción especial de paz. Esta evidente y legítima expresión de las etnias deberá ser considerada con mucha atención por las partes y especialmente por las FARC en su tránsito a movimiento político no armado.

Destaco el caso de las etnias pero de igual forma se expresaron muchas de las personas asistentes, que pusieron una muy fuerte alerta sobre la posibilidad de que la comprensión que se tenga del postacuerdo, en particular por parte del gobierno pero no solo de este, tenga una lógica contraria a la participación, por ejemplo en la verificación del cese bilateral y definitivo al fuego y hostilidades en consonancia con el Mecanismo tripartito acordado en La Habana y consagrado en la resolución de Naciones Unidas. Allí hubo muy significativas expresiones de poner al servicio de ese mecanismo, experiencias y redes de las Organizaciones de la Sociedad Civil con experticias en monitoreo y seguimiento entre otras a la situación de DD.HH. De manera insistente se expresó la intención de participar de manera profunda y sostenida en la implementación de los acuerdos. No existe posibilidad alguna para estos actores, que se frustre ese anhelo de participación.

El segundo elemento a resaltar es el que tiene que ver con al refrendación de los acuerdos y los ajustes constitucionales. Parece abrirse paso la tesis de que estos dos asuntos deben estar separados. Que ni la pretensión del gobierno de que sea el plebiscito en la forma aprobada por el Congreso, no discutida en la Mesa, ni la pretensión de las FARC, tampoco discutida en la mesa, de que sea una Asamblea Nacional Constituyente.

En esa separación se trataría a través de una Consulta Popular Especial poner a consideración de la ciudadanía la refrendación de los acuerdos consignando en el acuerdo Final la ruta que llevaría en un tiempo no muy largo a un ejercicio constituyente. A nuestro modo de ver esta alternativa podría tener muchas mayores posibilidades de éxito y daría al proceso una certeza de que no se escamoteará la perspectiva transformacional presente en los acuerdos.

Finalmente, son cada vez más fuertes las voces que identifican que la transición que el fin del conflicto supone es en dirección a una mayor y mejor democracia. Se suponen cambios de distinto orden que son inherentes a la aplicación de los acuerdos. Pero resulta claro que se quiere ir más allá. Se trata de lograr trasformaciones democráticas que recuperen la confianza de la ciudadanía en el Estado como garante de derechos; que rompan con las alianzas entre mafias y elites económicas y políticas, sobre todo en los niveles regionales, que capturan el Estado para intereses privados o para utilizarlo en la garantía de su continuidad en el poder a través del clientelismo. También una democracia más transparente, con rendición de cuentas donde la corrupción sea erradicada.

Se espera un Estado que combata la pobreza, la miseria, pero ante todo que combata la desigualdad. Un Estado que provea los Bienes Públicos que dignifiquen la vida de inmensos sectores de la sociedad y en especial de la población rural.

La esperanza en esa democracia profunda y extensa, pero también la decisión de participar en su construcción fue entonces una muy extendida apreciación en el foro.

Salimos del mismo con preocupaciones, pero también con la certeza que esa fuerza expresada por los participantes den el foro serán fundamentales para la construcción de un nuevo país.