Amenazas sobre el proceso de paz en Colombia – llamado a la comunidad internacional

Los abajo firmantes, defensores de derechos humanos, intelectuales, académicos y profesionales de la cultura de distintos lugares del mundo, distintas disciplinas y distintas orientaciones políticas, queremos expresar nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia.

Hace un año, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP firmaron, al cabo de cinco años de difíciles negociaciones, un Acuerdo de Paz destinado a poner término a varias décadas de conflicto armado y de violencia política y social. Considerado por observadores internacionales como un modelo político-jurídico de salida del estado de guerra, el acuerdo preveía el desarme de las fuerzas insurgentes y su transformación en movimiento político, la reincorporación de sus combatientes a la vida civil y la implementación de un dispositivo de justicia transicional (la JEP) así como de una serie de reformas políticas, económicas y sociales relacionadas en particular con la política agraria, incluyendo redistribución de la tierra, sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo de Zonas de Reserva Campesinas (ZRC).

Un año después, el balance de la implementación del Acuerdo suscita múltiples inquietudes entre partidarios y actores de la paz, colombianos e internacionales. Si bien el número de personas muertas en relación con el conflicto armado disminuyó notablemente entre 2012 (inicio de las conversaciones de paz) y 2016, se multiplican desde la firma del Acuerdo hasta la fecha los asesinatos de defensores de derechos humanos, de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados de las FARC. Numerosas regiones abandonadas por la guerrilla en el marco de la desmovilización han sido ocupadas por grupos paramilitares de extrema-derecha. Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017 se han perpetrado 94 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos (una persona abatida cada cuatro días), en tanto que 21 excombatientes de las FARC y 11 familiares de excombatientes han sido asesinados.

Por otra parte, disposiciones esenciales del Acuerdo (ayuda a la reincorporación de excombatientes, puesta en libertad de excombatientes en prisión, justicia transicional o JEP, reforma política, reforma rural, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que es fundamental para intentar responder al sufrimiento de las víctimas del conflicto) no han podido aun ser implementadas o han sido modificadas unilateralmente por los poderes públicos, cuando no han sido pura y simplemente suprimidas. Así, Jean Arnault, Presidente de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, señaló el pasado 21 de noviembre las carencias del Estado en materia de reincorporación: no existe hasta la fecha un Plan marco de reincorporación, mientras que varios miles de excombatientes vegetan en los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Frente a las promesas incumplidas, más de la mitad de los 8000 desmovilizados de las FARC presentes en mayo de 2017 en las zonas de concentración han abandonado los ETCR para buscar lugares más seguros. Algunos de ellos se han vinculado a grupos disidentes que entienden continuar la guerra o bien a la guerrilla del ELN, que desde febrero de 2017 se mantiene en un proceso de negociación con el gobierno.

Dos obstáculos mayores: por un lado, el incumplimiento de puntos esenciales del Acuerdo firmado, y, por otro lado, el recrudecimiento de los asesinatos y de otras formas de violencia sociopolítica, comprometen gravemente el éxito de un proceso de paz que tantas esperanzas ha generado en millones de colombianos. Observamos así con inquietud las declaraciones de ciertos responsables del Estado que a pesar de todas las evidencias han podido pretender que los asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y de ex-guerrilleros desmovilizados no tienen “ningún carácter sistemático”, y que los grupos paramilitares “no existen”. Igualmente, la posición abiertamente hostil al Acuerdo de Paz expresada por ciertos candidatos a las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2018, contribuye a reducir las oportunidades de paz y a determinar la perspectiva de un retorno a un estado de guerra que debido a las frustraciones acumuladas en los sectores más vulnerables de la sociedad, podría alcanzar niveles insospechados de violencia.

En un momento en que el futuro de la paz en Colombia está en juego, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que apoye los esfuerzos y proteja las vidas de todos aquellos que, en Colombia, construyen día a día la paz a través de sus prácticas sociales, políticas y culturales. Hacemos un llamado en particular a la Unión Europea para que tome responsabilidad al respecto, considerando sus apoyos previos al proceso al haber enviado un emisario durante las conversaciones en La Habana y respaldado, financiera y logísticamente, numerosas iniciativas de paz en el territorio colombiano. Ver el colapso del proceso de paz sin actuar con mayor firmeza pondría en peligro el significado mismo de su acción en esta región del mundo. Lo que está sucediendo en Colombia nos concierne a todos

Si desea firmar esta declaración, favor indicar su nombre, profesión y/o filiación institucional y nacionalidad abajo en este formulario.

Firmantes : Étienne Balibar (philosophe, France), Judith Butler (philosophe, USA), Michael Lowy (sociologue, France), Eric Fassin (sociologue, France), Geneviève Fraisse (philosophe, France), Ann Fergusson (philosophe, USA), Stéphane Douailler (sociologue, France), Raul Fornet Betancourt (philosophe, Allemagne), Guy Bajoit (sociologue, Belgique), Matthieu de Nanteuil (sociologue, Belgique), Jean De Munck (sociologue, Belgique), Remedios Mataix (Études littéraires, Espagne), Franz Hinkelammert (philosophe, Costa Rica), Silvia Rivera Cusicanqui (sociologue, Bolivie), Miguel Giusti (philosophe, Pérou), Héctor Samour (philosophe, El Salvador), Horacio Cerutti (philosophe, Mexique), Atilio A. Boron (politologue, Argentine), Claudia Hilb (politologue, Argentine), Vincent Gabriel Furtado (philosophe, Inde), Juan Manuel Echavarría (artiste, Colombie), Mara Viveros Vigoya (Études sur le genre, Colombie), Rodrigo Uprimny (juriste, Colombie), Leopoldo Múnera Ruiz (politologue et juriste, Colombie), Óscar Mejía Quintana (politologue et juriste, Colombie), Gregorio Mesa Cuadros (sociologue, Colombie), Sergio Ayala (doctorant, Colombie), Robert Chaluleau (responsable de mission en Colombie, France), Marie Estripeaut-Bourjac (Études latino-américaines, France), Alfredo Gomez Muller (philosophe, France). Suit une centaine de signatures.
soutienpourlapaixcolombie2018@gmail.com