En Colombia 0,4% de las fincas disponen del 67% de la tierra productiva

El último informe de Oxfam Intermón explica por qué América Latina es la región más desigual del mundo en el reparto de la tierra y aporta datos contundentes de esta grave problemática. Colombia es el caso extremo: sólo el 0,4% de las fincas concentran más del 67% de la tierra productiva.

El informe Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina, publicado por Oxfam (Oxfam Intermón en España), también demuestra que las pequeñas fincas familiares, a pesar de ser 80% de todas las explotaciones en la región, ocupan menos del 13% de la tierra productiva. Millones de hogares campesinos con pequeñas parcelas conviven con mega plantaciones, que en el caso de Argentina ocupan el equivalente a 44.000 campos de fútbol. Las mujeres agricultoras son las más afectadas por esta desigualdad, pues las parcelas que trabajan son aún más pequeñas y de peor calidad que las de los hombres.

“No es posible combatir la desigualdad en América Latina sin abordar las diferencias abismales en el reparto de la tierra, que siguen provocando conflictos sociales y ambientales y una persecución cada vez mayor contra los defensores de las comunidades y el campesinado. Esta concentración de tierra, está fomentada por la alta dependencia en la explotación de recursos naturales por parte de unos cuantos grupos poderosos, que acumulan cada vez más riqueza gracias a políticas hechas a su medida”, ha dicho Simon Ticehurst, director de Oxfam en América Latina y el Caribe.

Desterrados sitúa el extractivismo –un sistema basado en explotar a gran escala los recursos naturales para producir materias primas– en la raíz de la alta desigualdad del reparto de la tierra. Este modelo productivo -concentrado en las concesiones mineras y petroleras, la ganadería extensiva, y los monocultivos como la soja y la palma- se ha apoderado del territorio latinoamericano, ampliando su control de grandes extensiones en años recientes y aumentando su influencia en las políticas públicas en todos los países.

Un ejemplo emblemático de la expansión del extractivismo en América Latina se registra en Colombia –el primer exportador de oro de la región-, en donde la superficie bajo concesión minera ha pasado de 1,1 millones de hectáreas en 2002 a 5,7 millones de hectáreas en 2015, es decir el 5% del territorio nacional.

La mayor parte de los beneficios obtenidos con la explotación a gran escala de los recursos naturales queda en manos de las élites empresariales y de corporaciones transnacionales que concentran un creciente poder económico y político. Esto les permite influir sobre las políticas y regulaciones nacionales e internacionales, haciendo prevalecer sus intereses privados sobre los beneficios de todos los ciudadanos.

La competencia por el control de los recursos naturales ha disparado los conflictos territoriales entre las grandes empresas y las comunidades y ha incrementado de forma alarmante los índices de violencia contra defensores y defensoras del medioambiente y de los derechos humanos –a menudo con la pasividad o complicidad de los Estados. Los pueblos indígenas son los más amenazados, pues sus territorios no están bien demarcados ni protegidos y los gobiernos los entregan a actividades extractivas, en la mayoría de las ocasiones sin su consentimiento.

“Se necesitan acciones audaces para eliminar los privilegios de unos pocos y asegurar los derechos de todos, priorizando el acceso y control de la tierra y recursos básicos para todas las personas y comunidades que dependen de ella. La persecución y criminalización de quienes defienden este derecho deben parar ya, y los gobiernos y las empresas están obligados a respetar los derechos de las personas y los pueblos sobre sus territorios”, afirma Ticehurst.

Oxfam Intermón llama a todos los actores en la región, especialmente a los gobiernos, a trabajar para que los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no queden solamente en el papel. Para ello es necesario promover una nueva redistribución de la tierra, impulsar un crecimiento económico equilibrado y diversificado, y limitar la capacidad que tiene la gran industria y las élites económicas para influir sobre el diseño e implementación de políticas públicas. Los gobiernos también deben garantizar los derechos de las personas y comunidades, incluyendo el derecho a la consulta previa para que toda comunidad afectada por inversiones en tierras y actividades de extracción y explotación de los recursos naturales pueda dar o negar su consentimiento libre, previo, e informado.

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