Dos fantasmas

Por Daniel Garcia-Peña.

Hoy culmina la fase final de la dejación de armas por parte de las Farc, la guerrilla más grande y vieja de la historia de América Latina. Son palabras mayores.

Y lo hicieron sin que el Estado haya cumplido aún en aspectos esenciales. Según los tiempos pactados, a estas alturas ya debería haberse aprobado la nueva arquitecta institucional, en particular la Justicia Especial para la Paz, clave para la seguridad jurídica de los exguerrilleros, pero la correspondiente ley estatutaria quedó aplazada para la siguiente legislatura. La Unidad Especial de la Fiscalía que debe encargarse de perseguir al paramilitarismo, clave para su seguridad física, todavía no opera. Ni siquiera han podido terminar ni uno solo de los campamentos en las zonas veredales, para no hablar de la reforma rural integral ni de la participación política ni de los programas de reincorporación. Sin embargo, pese a los contratiempos, las Farc cumplieron dejando las armas.

Esto constituye una muestra más de su firme determinación de abandonar la guerra. Lo cierto es que hace ya meses habían entregado el principal activo de una fuerza guerrillera, que no son las armas ni los recursos económicos, sino su desplazamiento estratégico en el territorio. Desde que los guerrilleros bajaron de las montañas y salieron de las selvas a finales del año pasado, su desmovilización como ejército se hizo irreversible.

Durante décadas, la dinámica de la confrontación armada fue creando fantasmas. Según la propaganda oficial y los medios masivos de comunicación a su servicio, las Farc eran las responsables de prácticamente todos los males del país: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la violencia. El gran coco.

Pero ahora que están sin armas, se empieza a desenmascarar la realidad. Los problemas del país no solo siguen, sino que se profundizan y se hacen cada vez más visibles. Las protestas en el Chocó y Buenaventura y el paro de los maestros son manifestaciones de que las Farc no fueron la causa de las injusticias sino parte de sus consecuencias.

Se suponía que las Farc eran el cartel del narcotráfico más grande del mundo. Pero con su desmovilización y retiro de zonas estratégicas, el negocio de las drogas continúa como si nada. El boleteo que antes cobraban las Farc seguramente está pasando ahora a manos de autoridades que en últimas son quienes pueden garantizar que los cargamentos salgan sin problema.

La desmovilización de las Farc también está permitiendo desenmascarar otro fantasma creado por la guerra: el Estado. Las dificultades de la implementación están evidenciando la precariedad e ineficiencia del poder constituido. La lentitud de la respuesta institucional es aún más grave en las zonas de las cuales han salido las Farc y están siendo copadas por diversos tipos de organizaciones criminales. El alto número de líderes sociales asesinados en los territorios es muy grave y si bien todavía no es de la dimensión de lo sucedido con la Unión Patriótica hace treinta años ni con el movimiento gaitanista hace setenta, sí hay suficientes características similares para prender las alarmas.

Por años, la guerra le sirvió al Estado como disculpa perfecta para incumplir sus deberes básicos en lo referente a los derechos económicos y sociales y echarle la culpa a la guerrilla. Ante la inconformidad legítima de los ciudadanos y ciudadanas, el principal instrumento de política social del Estado parece ser el Esmad.

Ni las Farc fueron la raíz de todos los males de Colombia ni es el Estado que tenemos quien va a lograr hacerle frente a las retos y necesidades del presente y del futuro. Antes, el Estado acreditaba su legitimidad con el número de guerrilleros dados de baja; ahora tendrá que hacerlo con la cantidad de camas de hospital y aulas de clase.

Por ello, la dejación de armas es un paso muy significativo para las Farc, pero, sobre todo, un desafío inmenso para el país.