Petroleo, territorio y conflicto

Por Julián Barbosa*.

Tomado de Razón Pública, 11 julio 2016.

Entender el territorio

Comprender la configuración de los territorios es fundamental para que el eventual proceso de post-acuerdo pueda llegar a feliz término allí donde las organizaciones armadas, el Estado, las empresas multinacionales y la población (indígenas, afrodescendientes y campesinos) han entrado en confrontación.

El informe reciente del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo, dirigido por Edison Culma Vargas, es un texto pensado para explicar los procesos de colonización promovidos por las actividades extractivas de carácter legal e ilegal en la región desde el siglo XIX.

Sin que el investigador lo diga directamente, el texto es una aproximación a la naturaleza del Estado local, regional y nacional. El libro logra mostrar cómo el Putumayo, un territorio pensado desde el centro como “marginal” y de “frontera”, fue objeto desde muy temprano en el siglo XIX de la intervención estatal y privada, lo cual dio como resultado una reconfiguración llena de conflictos sociales. Un elemento esencial de este proceso consistió en que el Estado interviniera las formas de tenencia y uso de la tierra sin una política integral de adjudicación de baldíos o de reforma agraria.

Tierra de extracción

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El informe logra recabar información con entrevistas de primera mano y datos oficiales para documentar cómo la historia del territorio ha estado condicionada por ciclos económicos relacionados con la extracción de la quina, el caucho, la madera, los animales y luego – de manera más intensa y más profunda- de petróleo y de coca.

En medio de las nuevas disputas en los territorios colombianos y de la falsa dicotomía entre desarrollo “extractivista” y subdesarrollo “ambientalista”, el texto mira a una región que ha sufrido el embate petrolero y las consecuencias para sus habitantes (por ejemplo, los colonos).

El permiso que el Estado le extendió a Texas Petroleum Company para asentarse de forma permanente desde junio de 1963 cambió el patrón de ocupación y apropiación de la tierra en el Putumayo. De acuerdo con el informe, que el Estado haya delegado a una empresa el manejo del territorio no solo provocó su transformación física sino su reorganización política y administrativa.

Por ejemplo, la clase política de Nariño que ejercía control sobre la región tenía interés en controlar las regalías del petróleo, lo cual provocó la respuesta de “los notables” del Putumayo que consiguieron manejar estos recursos tras convertirse en departamento con la Constitución de 1991.

La presencia del Estado en la región, a través de las petroleras, ha desconocido los derechos de los pobladores originarios. Además, la industria delegó la regulación laboral a través del “ventiocheo”, una figura de vinculación laboral informal que llevó rápidamente a la sindicalización de los trabajadores.

El discurso de desarrollo ofrecido por el Estado central y por la Texas Petroleum se vino abajo tras el declive de la producción petrolera al comienzo de la década de 1970, lo cual llevó a la caída de los empleos. Con ese declive vino la emergencia del cultivo comercial de arroz, plátano, yuca, maíz y cría de especias menores, lo que reactivó la economía campesina que no era fomentada por el Estado. Después, el boom de los cultivos de uso ilícito hizo posible que la economía del campesino mejorara, aunque también disminuyó su producción de alimentos.

Población desplazada

Desde la década de 1980 empezaron a confluir en el departamento actores de diversos tipos que estaban detrás de los dineros de la base de coca. La población quedo sujeta entonces a las disputas por el territorio entre las FARC, los narcotraficantes, los paramilitares asociados con estos últimos y las Fuerzas Militares. La gente de la región sufrió la estigmatización y se puso en duda su ciudadanía, lo que llevó a las movilizaciones de 1994.

El Putumayo ha enfrentado diversos ciclos de economías extractivas legales e ilegales. Por ejemplo, desde 1999, con el Plan Colombia, y desde 2002, con la reactivación de la política de hidrocarburos de Uribe, la población se ha visto afectada por el deterioro del ecosistema y de la economía campesina.

Pero como muestra el informe, los procesos de despojo y abandono forzado no comenzaron con el conflicto armado. De hecho, con la presencia del Estado a través de los poderes privados, ya desde el siglo XIX comenzó el proceso de desarraigo de los pobladores originarios. En la década de 1960, las petroleras continuaron el despojo y los colonos que venían detrás de ellas lo profundizaron.

Un dato recabado por la investigación es concluyente: el abandono es mayor que el despojo de tierras en esta región. Esto se debe al papel de la economía de la coca y a la incidencia del conflicto armado sobre el proceso de construcción territorial.

Tierra de conflictos

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Los actores ilegales y la Fuerza Pública han tratado de apropiarse de circuitos de mercadeo de economías ilegales o de asegurarse posiciones militares ventajosas, pues el Putumayo es un corredor estratégico. Culma señala que la disputa no es por la tierra sino por lo que significa el territorio para la guerra y el narcotráfico.

Sin embargo, en un intento de dar un paso más allá de la mera investigación, el informe propone una serie de recomendaciones para que el Putumayo enfrente sus problemas:

  • Las zonas de reserva campesina como un instrumento del Estado para “ordenar” las zonas de colonización,
  • Proteger la reserva forestal y los recursos naturales estratégicos,
  • Regular la tenencia de la propiedad privada.

Después de leer este informe, quedan varias preguntas sobre cómo será el post-acuerdo, un momento en el cual será preciso seguir con cuidado el tipo de presencia del Estado en estos territorios que fueron azotados por el conflicto. Habrá que ver si en aras de la reconciliación y de los programas de reintegración el Estado vuelve a entregar la configuración del territorio al capital privado. Ya hemos visto las consecuencias negativas que esto trajo para el Putumayo.

*Investigador del Centro de Pensamiento AlaOrilladelRío, historiador y politólogo de la Universidad de los Andes, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, docente de la Universidad de San Buenaventura.